La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Silvia Tanús Osorio, dio a conocer que la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia elaboran una base de datos sobre la violencia en contra de las mujeres y con ello los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial lleven a cabo políticas públicas para prevenir y erradicar este problema que en muchas ocasiones concluye en feminicidios.
En entrevista la presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género en el Congreso Local, sostuvo que desde su trinchera lleva a cabo acciones que permitan tener un marco legal que erradique este problema, de ahí que la semana pasada fue aprobada su iniciativa sobre la violencia obstétrica.
“A petición de tu servidora el Sistema Estatal contra la Violencia ya está por salir el protocolo actualizado para la atención del feminicidio porque se está haciendo ya la base de datos y la esta capturando, de todas las víctimas de violencia (…..) esa base de datos va a permitir elaborar un diagnostico certero que nos permita decir realmente qué es lo que está pasando en Puebla mientras no tengamos un diagnostico no podemos avanzar”, apuntó.
Tanús Osorio señaló que además de las acciones que llevan a cabo los Poderes es necesario que desde los hogares se erradique el “machismo”, pues al calificar el tema como un asunto cultural, es lo que lleva a las féminas a ser víctimas de agresiones emocionales, psicológicas y físicas que concluyen en muerte.
“Creo que es un tema cultural, que reproducimos esquemas no nada más a nivel de funcionarios públicos, sino que la casa es un problema multifactorial y todos desde nuestras trincheras y en las escuelas, padres de familia tenemos que hacer un gran esfuerzo”, sostuvo.
Es importante recordar que hasta el momento las organizaciones sociales han manifestado que el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, maquilla las cifras ya que sólo reconoce 20 casos de los más de 200 feminicidios que se han cometido en el estado, tan sólo en los últimos cinco años; sin embargo, se basan en datos hemerográficos, ya que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) ha reconocido solo a 17 casos, de ellos sólo uno con una sentencia condenatoria.