-La diputada Tonantzin Fernández presentó un paquete de iniciativas para reformar el Código Penal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de procuración de justicia para quienes pertenecen a los grupos LGBTTTIQA+, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó un paquete de iniciativas para reformar el Código Penal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura la diputada presentó una iniciativa por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para incluir el concepto de perspectiva de diversidad sexual, entendido como la aplicación de metodología, mecanismos y protocolos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión las personas que pertenecen a las poblaciones de la diversidad sexual y de género; además, que se aplique por el Ministerio Público.
La segunda iniciativa es para adicionar un segundo párrafo al artículo 229 del Código Penal, a fin de sancionar a quien profiera o difunda ideas que inciten a la hostilidad o a realizar actos de violencia mediante redes sociales en relación a una persona o un grupo en razón del origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, la edad, las discapacidades, entre otras.
En la tercera iniciativa se propone una reforma al primer párrafo del artículo 330 Bis, y la adición del 330 Quáter al Código Penal, para establecer que, a quien, por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, prive de la vida a una persona, se le impondrán de veintidós a cincuenta años de prisión.
Además, se indica que existen razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género cuando quien cometa el delito manifieste de cualquier forma su repudio, odio, rechazo u otro tipo de expresión, voluntad o actitud discriminatoria hacia la comunidad LGBTTTIQA+ o hacia las personas en general, motivado por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género.
Las tres iniciativas de la diputada Tonantzin Fernández Díaz fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración y de Justicia, para su estudio y resolución procedente.
En otro momento de la sesión, la diputada Jocelyn Olivares López presentó una iniciativa para derogar los artículos 213 y 214 del Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar las sanciones establecidas a quien sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona.
Al respecto, la diputada puso énfasis en la discriminación que viven las personas con VIH/SIDA o alguna infección de transmisión sexual, pues se deja en segundo plano a la prevención y atención de las enfermedades.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
Durante la sesión ordinaria se dio cuenta de la siguiente iniciativa y punto de acuerdo:
La propuesta de la diputada Nancy Jiménez Morales a fin de reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de armonizarla con la Ley General en la materia y establecer que las políticas públicas tendrán como principios rectores la igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural, así como la universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, protección y garantía de los derechos humanos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.
Finalmente, el punto de acuerdo de la diputada Laura Zapata Martínez para exhortar a los 217 Ayuntamientos a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado para generar diagnósticos y campañas que visibilicen los problemas que enfrentan las mujeres cuidadoras.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.
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