Por Fernando Castillo / @fercastillo10
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Local, Silvia Tanús Osorio, pidió se aplique todo el “peso de la ley” a los subordinados del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al mismo Facundo Rosas Rosas, luego que se diera a conocer que encabezaban una red que operaba la ordeña de ductos de Pemex.
La legisladora del PRI reconoció que la renuncia de Facundo Rosas no resuelve la ordeña de ductos a Pemex, sin embargo, confió en las investigaciones a fondo de la Procuraduría General de la República (PGR), para que se apliquen las agravantes en contra de los responsables que ponen en riesgo la generación de energía del país.
“Soy congruente con lo que digo y pedí que Facundo se separará del cargo para que no entorpecieran las investigaciones de la PGR, si el señor tiene algo que ver yo no soy juez, ni ministerio público y sus derechos quedarán salvaguardados, pero si tiene algo que ver pediremos que se aplique todo el peso de la ley con las agravantes por ser funcionario público”, apuntó.
Tanús Osorio consideró innecesaria la comparecencia de otros funcionarios públicos estatales en el legislativo poblano para que expliquen el robo de combustibles, ya que “no resuelve nada”, por lo que insistió en la PGR indague a fondo y tenga que fincar responsabilidades y se aplique la ley máxime “sea quien sea” ya que son funcionarios públicos y el caso no puede quedar impune.
Es importante recordar que la salida del titular de Seguridad Pública, Facundo Rosas, se dio dos semanas después que el ex director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, fueron detenidos por el Ejército Mexicano en el municipio de Tepeaca por tener vínculos con una red dedicada al robo de combustible a los ductos de la paraestatal.
Tras la captura efectuada de los mandos policiacos el 14 de julio, se puso al descubierto una extensa red de corrupción, conformada por Marco Estrada López y colaboradores de la misma dependencia, de la cual la Contraloría del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública ya tenían conocimiento desde hace varios meses, sin embargo, no tomaron cartas en el asunto.