Palabra Libre Por Juan Carlos Lastiri
A través de la visión de un México Incluyente que implica la responsabilidad del Estado para garantizar los satisfactores mínimos para una vida digna a través de la generación de condiciones y herramientas duraderas de bienestar social, el Sector Desarrollo Social busca cambiar el paradigma de la acción gubernamental para adquirir un nuevo enfoque que se traduzca en una política social efectiva, de resultados y sobre todo, de derechos. Por tanto, tal como lo apunta el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, la política social de nueva generación impulsada por el Gobierno del Presidente, Enrique Peña Nieto, pretende romper inercias e instrumentar políticas públicas que ofrezcan mejores resultados y saquen de la pobreza a quienes hoy la padecen.
La política de desarrollo social con enfoque de derechos busca cambiar la ecuación que define a un receptor de bienes y servicios del gobierno en turno como un beneficiario y convertirlo en un titular de derechos frente al Estado. Significa transitar hacia un esquema de exigibilidad de los derechos por las vías legales para transparentar la relación entre el Estado y la persona, abatir el clientelismo político y, sobre todo, fortalecer la ciudadanía social de los mexicanos como un complemento necesario de la ciudadanía política. En este entendido, uno de los grandes cambios observados para el impulso de esta nueva política de derechos y resultados es qué, a través de esta, se busca complementar los datos estadísticos de medición de la pobreza, generados por el CONEVAL, con la identificación de las personas para satisfacer sus derechos sociales básicos y así lograr una efectiva disminución de carencias para las más vulnerables.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como entidad encargada de definir las acciones prioritarias para poder traducir esta política en situaciones reales para los mexicanos, ha implementado un sistema que por un lado permite la identificación de los más necesitados y por otro, definir qué tipo de intervención se requiere para garantizarles dichos derechos. A través de la Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y su Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, se ha generado El Sistema de Información para el Desarrollo (SIFODE) que es una base de datos que integra las carencias sociales de los hogares y al ser obligatorio el uso de este programa va a permitir la actualización y seguimiento de los datos de los beneficiarios, lo cual implica una mayor planeación de la política social, pues se identificará con mayor precisión a la población objetivo y se evitará la duplicidad de los apoyos, que es una gran demanda ahora con los presupuestos base cero. La unidad de integración al SIFODE son los hogares, por lo que éstos se tipifican en función de la condición más desfavorable de uno o más de sus integrantes, de acuerdo al resultado de la estimación del ingreso y la evaluación de las carencias sociales definidas por CONEVAL.
Hasta ahora el SIFODE cuenta con un registro de 4.1 millones de hogares, que representan 13.6 millones de personas y la base comparte información con 23 programas, incluidos los 16 de la SEDESOL y de diferentes dependencias como SAGARPA, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Las herramientas de planeación permiten optimizar los recursos y coordinar esfuerzos para atender problemas específicos. El SIFODE es un de estas que permitirá apoyar de mejor manera el combate a la pobreza conociendo las características de cada persona en esta situación, permitiendo así tener un México Incluyente donde el estado garantiza los derechos básicos sociales.