Por Fernando Castillo @fercastillo10
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Rafael Micalco Méndez, rechazó la iniciativa que presentó la bancada de Acción Nacional en la cual los ayuntamientos ceden los servicios públicos al gobierno del Estado y se abre la posibilidad de privatizar los servicios municipales.
En conferencia de medios Micalco Méndez, sentenció quela discusión presentada por los diputados morenovallistas tendrá que ser analizada y en caso de su aprobación los legisladores que integran la LIX Legislatura tendrán que ser “muy prudentes y cuidadosos” porque los ciudadanos hoy están muy sensibles al tratarse de privatizar los servicios ya que al concesionarlos se encarecen y lastiman la economía de las familias poblanas.
“Respecto a la iniciativa ya hicimos un preanálisis en el partido, en los términos que se presentó estamos en desacuerdo, ojalá los legisladores tengan la sensibilidad de hacer algunas modificaciones en la iniciativa. Yo iría más en el tema legal porque todos se centran en que sí es constitucional o anticonstitucional y más allá de eso todos tenemos una pésima experiencia de la última concesión que se dio en el tema del agua que no funcionó y que se cobra 300 por ciento más a los usuarios con el mismo pésimo servicio que ya se tenía”, refirió.
En este sentido el también legislador federal por Acción Nacional dijo que no le gustaría ver presiones por parte del gobierno estatal a los alcaldes para aprobar concesiones para “A o B” empresa.
La propuesta fue presentada el 3 de junio por los diputados Jorge Aguilar Chedraui, Pablo Rodríguez Regordosa y Salvador Escobedo, todos ellos ex funcionarios estatales la cual promueve ceder los servicios públicos municipales al gobierno del estado y la participación del sector privado.
Es importante mencionar que dicha iniciativa promueve buscar modificar cuatro párrafos a la fracción II del artículo 104 de la Constitución del Estado en los cuales se advierte que a petición de los cabildos, el Congreso del estado aprobará entregar el control de los servicios públicos al gobierno estatal, así como la privatización en la operación de los servicios ya mencionados.