El Comité contra la Desaparición Forzada indicó al Estado Mexicano que la situación de agravio de los normalistas de Ayotzinapa es un caso de desaparición forzada y giró recomendaciones para seguir investigando.
Así lo tipificó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la última sesión que realizó el 11 de febrero de 2015, dónde precisó por medio de un documento donde establece sus observaciones finales su preocupación sobre un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano y recomendó algunos recursos legales para responder en estos casos.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, se indica en el documento.
Por su parte las observaciones que giró el comité al gobierno mexicano para seguir investigando el caso son vacíos legales e instrumentos institucionales que permitirían agilizar el proceso.
Las recomendaciones son las siguientes:
-El Estado mexicano debería redoblar esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal”.
-México deberá adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de “extrema gravedad”.
-El Comité llamó a que al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.
-El Estado mexicano debería aprobado “a la mayor brevedad posible” una ley general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH.
-Uno de los puntos en los que sociedad civil insistió más durante la evaluación de México ante el Comité fue en que éste pueda recibir y examinar casos individuales de desaparición forzada, es decir, presentados directamente por los ciudadanos. En ese sentido, en las recomendaciones se “alienta enérgicamente” al Estado a reconocer esta facultad para que los expertos de la ONU puedan revisar casos.
-Otra de las recomendaciones es que se adopten medidas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.
-El Comité también incluyó una recomendación para que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.
Fuente: Animal Político.