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De existir elementos suficientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentará denuncias penales y solicitudes de juicios políticos contra los funcionarios estatales -incluido el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas-, que violaron las garantías básicas de los manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan, adelantó el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
En una conferencia de prensa en la que el titular de la CNDH respondió de manera frontal a cada pregunta formulada por los reporteros, también se deslindó de “compromisos” y de una relación cercana con el mandatario poblano; además rechazó que su ex colaborador Juan Pablo Piña, hoy jefe de la oficina del gobernador, pueda influir en las decisiones de la institución.
Tras la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Facundo Rosas Rosas, por el caso de las violaciones graves a los derechos humanos del caso de San Bernardino Chalchihuapan, Plascencia evidenció al funcionario estatal, pues no entregó toda la información que le fue requerida por la CNDH.
En tanto, el funcionario de la administración morenovallista, quien llegó a las 11:35 y se retiró de la sede de la CNDH pasadas las 13:30 horas, lo hizo literalmente a paso veloz, sin intercambiar palabra con los reporteros y esquivando la mirada que refugió en dirección al suelo.
Para la conferencia de prensa sólo quedó personal de la SSP, que grabó la intervención de Plascencia y de los medios, mientras el fotógrafo de la SSP de Puebla retrató a cada uno de los reporteros poblanos que hicieron preguntas al ombudsman.
Juicio político
Sobre las comparecencias de funcionarios poblanos, que seguirán este viernes con la cita al procurador Víctor Carrancá Bourguet, Plascencia Villanueva advirtió que incluso de ser necesario se citará al gobernador Moreno Valle Rosas.
Sobre el camino en que puede terminar la indagatoria que realiza la CNDH y que atrajo hace dos semanas, señaló que “la reforma constitucional nos faculta para presentar y dar seguimiento a las denuncias penales, pero también a las denuncias de juicio político, en su defecto, si es que resultan procedentes y plausibles.