Por María Flores
Hay tres centros penitenciarios de un total de seis en el estado de Puebla que fueron reprobados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es decir, justo cuando se desató la emergencia sanitaria del Covid-19.
De acuerdo con el informe, tres cárceles poblanas tuvieron calificaciones reprobatorias en cuanto al respeto de los derechos humanos de los reclusos. Son los centros de reinserción social de Acatlán de Osorio con una calificación de 5.29, de Huauchinango con 5.24 y Zacatlán con 5.76 de un total de 10 puntos a alcanzar.
Los otros tres consiguieron apenas pasar de panzazo, como es el caso del Centro de Reinserción Social de Tehuacán con 6.63, de Tecamachalco con 6.61 y de Tetela de Ocampo con 6.12 puntos.
La CNDH evaluó cinco aspectos relacionados con la integridad de los internos estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y mecanismos para atender a poblaciones específicas como mujeres con hijos, adultos mayores, adictos y diversidad sexual.
En cuanto a los tres centros con calificaciones reprobatorias sobresalen las carencias en los servicios de salud pese a la pandemia, hacinamiento, deficiente separación entre hombres y mujeres, sobrepoblación, deficiencias en la alimentación e ingobernabilidad.
La CNDH también observó la falta de programas de ayuda para las mujeres con hijos menores de edad en las cárceles y ausencia de materiales de higiene, lo que concluyó vulnera el derecho a la salud en tiempos de contingencia sanitaria.
Asimismo, evalúo que no hay una correcta separación entre las personas procesadas y sentenciada, al igual que tampoco se cuenta con actividades físicas, culturales o sociales y hay deficiencia en la atención de los grupos vulnerables.
Sin embargo, La CNDH establece que los Ceresos de Puebla cumplen con aspectos importantes enfocados a la seguridad interna como son los programas para prevenir la violencia y los sobornos, pago de piso y una atención especial para presos indígenas, con VIH/SIDA o personas con discapacidad.
En esencia, las cárceles poblanas fallan en por lo menos cuatro de cinco aspectos evaluados para garantizar los derechos humanos de los reclusos
