Milenio
Como medida para contrarrestar el nivel de informalidad que hay en México, la reforma fiscal limitará los créditos a solo las personas o empresas que cuenten con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que, a decir de especialistas, reducirá el universo de crédito de instituciones que atienden al sector de bajos ingresos.
Según estimaciones de la Asociación de Bancos de México (ABM), existen 50 millones de personas económicamente activas; sin embargo, 60 por ciento labora en la informalidad, lo que deja solo 20 millones calificadas para obtener un crédito.
No obstante, las otras 30 millones de personas que están fuera del esquema fiscal pueden acceder a una gama de financiamientos por medio de instituciones bancarias especializadas en atender los segmentos bajos de la población, pero sobre todo a través de las entidades no bancarias, como Sofom, Sofipo, cajas de ahorro y demás.
De acuerdo con Gustavo del Ángel, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), son precisamente estas últimas instituciones las que se verán afectadas por la reforma fiscal, toda vez que su universo de clientes disminuirá en un inicio, al no poder otorgar crédito a usuarios sin RFC.
Armando Sánchez Porras, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), indicó que esta medida sí afectará en un inicio al sector; no obstante, abrirá la puerta a que más personas y empresas se regularicen, por lo que a largo plazo será benéfico.
“Esto en un principio puede afectar, al inicio el que se den de alta será sin fines tributarios; la reforma obliga a los bancos y a todas las instituciones a verificar si su cliente está dado de alta y si no sugerírselo”.
Sin embargo, tanto el académico del CIDE como el representante de las Sofipo coincidieron en que este mandato solo será eficiente si se va adoptando de forma paulatina, además de que la normativa debe diferenciar de tal manera que esta medida sea aplicable a partir de ciertos montos.
Por el lado de las empresas el panorama no es muy distinto, ya que cálculos de la ABM revelaron que de las 5.1 millones de empresas que operan en México, 18 por ciento lo hace bajo la formalidad; es decir, solo 900 mil unidades económicas cuentan con un RFC que las obligue a contribuir al fisco.
“Las empresas formales que son susceptibles de ser atendidas como formales por la banca, están por debajo del millón; como individuos, realmente nos quedan aquellos que cuentan con seguridad social; es decir, 20 millones de personas”, dijo en su momento Javier Arrigunaga, presidente de la ABM.
Por su parte, Miguel Ángel Corro, director del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, señaló que el sector bancario será el menos afectado debido a que no es un secreto que tanto las pequeñas y medianas empresas así como el sector bajo de la población no son prioridad para los bancos.
“Hoy en día cualquiera de estos changarritos o pequeños negocios no son el negocio específico de préstamos por parte de los bancos, ya sea por su bajas operaciones o volúmenes de ventas; esto es que por una serie de razones no son necesariamente atractivos”, señaló el especialista del Tec.
No obstante, desde su perspectiva, la modificación incluida en la reforma fiscal pretende que las instituciones bancarias aumenten el nivel de otorgamiento de crédito, esto con base en que todas las empresas de este tipo puedan integrarse eventualmente al universo susceptible de crédito y se vean beneficiadas.
“La medida es buena porque de cierto modo lo que se espera es que haya mayor formalidad, y por otro lado el crédito es una buena fórmula para incorporar más gente a la base fiscal, pero en la práctica no será fácil implementarla”, dijo.
Finalmente, Ángel Corro aclaró que combatir la informalidad no es la única razón de ser de esta medida, sino que también busca atacar las prácticas de lavado de dinero, dado que ahora se conocerá exactamente el destino de los créditos otorgados por las instituciones financieras.