Antes de concluir su gobierno, José Antonio Gali Fayad vetó las reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobadas en el Congreso local con argumentos de “carácter político”, denunció el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres.
Explicó que dichas reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla, se restituía la facultad para que el Poder Legislativo local revisara y autorizara las tarifas de pago por el servicio de agua potable y que el cobro se diera de manera bimestral.
“Nos preocupa mucho que todos los acuerdos tarifarios de los sistemas operadores no están siendo aprobados por el Congreso del Estado, a partir del veto y el bloqueo que emitieron a la reforma a la Ley del Agua. El veto como siempre fue de carácter político”, sostuvo.
Sin dar detalles de los argumentos presentados por el ex mandatario panista, el también coordinador de la bancada del PT en el Congreso local José Juan Espinosa Torres, indicó que las observaciones hechas al dictamen aprobado el 26 de noviembre por las bancadas Morena, PT y PES, son de tipo “político y no por razones jurídicas”.
De las modificaciones que impulsaron Morena, Encuentro Social, PT y la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, sólo se aprobó por unanimidad la correspondiente al artículo 109, en el cual se consideró que el pago que los usuarios realizan a Concesiones Integrales, empresa que desde 2014 se hace cargo del SOAPAP, pasara de ser mensual a bimestral.
En contraste, las bancadas morenovallistas, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y PVEM, e incluido el PRI fueron en contra a los cambios a los artículos 116, 117 y 118 en los que se planteó que la estructura tarifaria que establezca el concesionario tendrá que ser revisada y autorizada por el Congreso.
Las reformas con las que se intentó devolverle al poder legislativo la facultad de validar la estructura tarifaria, las impulsó Espinosa Torres, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT).
El dictamen que validó el bloque de Morena, Encuentro Social y PT pretendió dejar sin efecto la reforma que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas envió en marzo de 2014 a la LIX Legislatura.