Por Cristopher López
Integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FosyPuep) denunciaron que los gobiernos federal y estatal han endurecido el hostigamiento y persecución contra los líderes sociales, activistas, sindicatos y estudiantes en plena coyuntura electoral y prueba de ello es la investigación que emprendió la PGR contra integrantes del MIOCUP y CNPA quienes han defendido el territorio y el derecho al agua, además del retiro de las rutas del transporte público en el mercado Hidalgo a fin de perjudicar las ventas de la UPVA 28 de Otubre.
En conferencia de prensa el integrante de la organización Oswaldo Villegas, enfatizó que a partir de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la Ley Mordaza se ha ‘subido de tono’ la represión en contra de las organizaciones por lo que exigieron a las autoridades un alto a éstas prácticas ya que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse y a tener acceso a servicios como el agua y no ser despojado de su territorio.
“Ningún partido político va venir a salvarnos, el hostigamiento y persecución se debe a que las organizaciones que llevan a cabo la protesta social nos hemos manifestado en contra de la aprobación de la las Reformas Estructurales que son la raíz del problema ya que se permitió la privatización del agua, se despojará del territorio, se privatizó la educación y salud (…) Nosotros como FosyPue no estamos de acuerdo y no permitiremos que a los pueblos se nos arrebaten los derechos humanos como educación, salud y al agua”, sostuvo.
En este contexto enfatizó que el pueblo organizado esta haciendo uso del Artículo 39 y 79 Constitucionales lo que les da derecho a reunirse y transitar por todo el país aunque sean reprimidos y endurezca la represión, sin embargo, dijo que la lucha social continuará por parte de las organizaciones en todo el país pues no están conformes con la entrega de los recursos naturales a capital extranjero.
Subrayó que se han buscado acercamiento con las autoridades federales y estatales para disminuir la represión; no obstante, ambos niveles de gobierno han hecho ‘oídos sordos’ a las problemáticas -como falta de servicios, privatización del agua, salud y educación, explotación de recursos naturales -que enfrentan miles de comunidades en todo el país.
Por su parte José Luis Bello denunció que el gobierno federal ha venido presionando a las organizaciones para no manifestarse en contra de la privatización del agua, sin embargo, dejó en claro que ellos seguirán luchando contra el “monstruo de las mil cabezas” ya que son muchos los agravios que sufre el país.