Por Cristopher López
La senadora de la República del PRI, Blanca Alcalá Ruíz, consideró que las modificaciones propuestas por el jefe del Ejecutivo poblano, al Sistema Penal Acusatorio para dar prisión preventiva a quienes cometan delitos del fuero común, requiere de un “análisis profundo”; sin embargo, pidió a las autoridades no deslindarse y redoblar esfuerzos en la seguridad.
Lo anterior tras el exhorto que hizo el Poder Legislativo local a fin de tipificar algunos delitos del fuero común como graves, además se considere la prisión preventiva oficiosa dentro del Sistema Penal Acusatorio.
La ex candidata a la gubernatura por el Revolucionario Institucional, indicó que los últimos años ha evolucionado de manera muy afortunada el principio de inocencia y respeto a los derechos humanos de los presuntos delincuentes; no obstante, reconoció que en ese sentido el Poder Judicial tiene que seguir avanzado.
Alcalá Ruíz, indicó que los términos jurídicos habían “fenecido” con el anterior Sistema de Justicia lo que estaba generando que los Centros de Reincerción Social (Ceresos) estuvieran sobrepoblados, por tanto con la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio se logró una evolución; no obstante, reconoció que aún falta mucho para logar una mejor capacitación de los servidores públicos y Ministerios Públicos a fin de aplicar de manera correcta los protocolos del mismo.
“Me parece que el tema de la seguridad es un tema requiere de un análisis mucho más profundo, que exige tanto muchas acciones de carácter preventivo como de una mano firme para poder atacar”, sostuvo.
Por lo anterior, solicitó a las autoridades estatales y municipales implementar políticas publicas de carácter preventivo basadas en los valores a fin de cocientizar a las familias poblanas para que no se vinculen con los grupos organizados y se erradiquen los índices delictivos.
Es importante recordar que que el gobernador del Estado, José Antonio Gali Fayad y el alcalde Luis Banck Serrato, criticaron la implementación del Sistema Penal Acusatorio el cual entró en vigor desde el 5 de junio de 2016, al asegurar que tan sólo con reparar el daño los delincuentes salían libres y por ende volvían a reincidir delictivamente.