POR ARLETTE DE LA TORRE
El derecho al agua está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por ello ninguna ley secundaría debe ir en contra de este derecho inherente, expresaron los integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA).
Lo anterior tras dar a conocer que seguirán solicitando al Congreso del Estado, la abrogación de la Ley del Agua emitida en 2013, en donde se permite la privatización de este líquido vital a través de Concesiones Integrales.
En su oportunidad el abogado, Omar Jiménez, insistió que la decisión que tomaron los legisladores locales, en 2013 de reformar la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en donde estableciendo el derecho humano al agua.
Sin embargo excluye la participación ciudadana y de los gobiernos municipales en su administración, en su usos y costumbres de las comunidades indígenas y pueblos originarios.
Deriva de estos agravios, dijo, seguirán en pie de lucha para exigir al legislativo local abrogue esta ley, y recordó que en municipios como Zautla también siguen reuniéndose para abatir este problema, en donde también se han elevado las tarifas en un 400 por ciento, además de que la poco agua que les llega no cubre las características de ser potable.
“Vamos a recorrer todo el estado hemos realizado la petición que se abogue el decreto de Ley del 2013 donde en Puebla y en 25 municipios se privatizo el agua y nos trajo una serie de agravios imparables”, expresó.
Y agregó que derivado del cobro elevado por parte de la moral Concesiones Integrales, continuarán los amparos por la vía jurídica para revertir más de 50 suspensiones de agua, de manera ilegal y arbitraria que hecho la empresa en diversas colonias de la capital.
Por su parte María Eugenia Ochoa, integrante de ASA, pidió una Ley justa, donde se convoque a la ciudadanía en general para manifestar sus necesidades, para que el organismo encargado del suministro del recurso natural, realice cobros de acuerdo al consumo, además de pedir la tarifa preferencial para jubilados y pensionados.
Aseguró que continuarán las acciones de protesta e inconformidad en diversas dependencias, para conseguir la abogacía de esa ley que es violatoria de los derechos humanos.