La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió el comunicado No. 39 este 18 de mayo de 2026, informando sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización de cuentas contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) en el estado de Sinaloa.
La acción se deriva de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales a su vez surgen de señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos.
La UIF enfatizó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es estrictamente precautoria. El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero nacional ante posibles riesgos detectados por bancos corresponsales extranjeros.
La autoridad precisó que estas medidas son de carácter administrativo y no constituyen una determinación definitiva de culpabilidad ni una acreditación de responsabilidad legal en esta etapa.
Derechos de los afectados
La UIF aclaró que las personas incluidas en dicha lista mantienen a salvo sus derechos de defensa, tales como:
Garantía de Audiencia: El derecho a ser escuchados por la autoridad.
Recursos legales: La posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales para impugnar el bloqueo.
Actualmente, la Unidad se encuentra analizando la documentación y evidencias relacionadas con estos perfiles bajo criterios técnicos y analíticos. Se espera que el proceso continúe conforme a los protocolos de cumplimiento y monitoreo de las instituciones financieras mexicanas.
