El gobernador electo José Antonio Gali Fayad, advirtió que en su administración habrá “cero tolerancia” para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que que protejan a huachicoleros en la zona del denominado Triángulo Rojo.
Ante la pregunta expresa de éste reportero respecto a cual sería una posible solución para acabar con los actos de corrupción por parte de los elementos de Seguridad Pública que llegarán a “inmiscuirse” con el crimen organizado, Gali Fayad, sentenció “definitivamente, habrá ‘cero tolerancia’ a policías y funcionarios que lleguen a cometer un acto en contra de la ciudadanía o caiga en actos de corrupción y lo digo con firmeza caerá todo el peso de la ley. Lo digo categóricamente”, dijo.
En entrevista tras participar el Desfile Conmemorativo del 206 Aniversario de la Independencia de México, aseguró que su principal compromiso una vez que entre en funciones a partir del 01 de Febrero, será “combatir” la inseguridad de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.
“En el tema de seguridad es fundamental seguir trabajando los tres niveles de gobierno, a través de una gran coordinación para combatir con el robo de combustibles que no sólo afecta a todo el país y más en este ducto que atraviesa el estado de Puebla, sino para resguardar la integridad de las personas y sobre sus bienes”, sostuvo,
Gali Fayad, apuntó que ya realiza el cabildeo necesario con los diputados federales, afín de que lleguen los recursos necesarios para la entidad, afín de invertir en este rubro ya que es “fundamental” para mantener un clima de paz y tranquilidad para las familias poblanas.
En este contexto, dijo que ya se ha reunido con sus homólogos electos de las entidades que colindan con Puebla afín de “fortalecer” las políticas públicas para que se blinden a las familias mexicanas de está temática.
Es importante recordar que el 01 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvo a ocho policías municipales de Amozoc, quienes presuntamente protegían a una banda de chupaductos de la zona; sin embargo, una semana después fueron puestos en libertad debido a que el juez afirmó que faltaron pruebas para comprobar que estaban “coludidos” con el robo de combustibles ya que es un delito de índole federal.