Por Fernando Castillo
El PRI “no es abogado de nadie” y no encubrirá al presidente municipal de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla en caso de que resulte responsable de disparar contra una escuela, aseguró el dirigente estatal Néstor Camarillo Medina, quien se pronunció para que sea la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine responsabilidades.
En entrevista, el líder estatal del Revolucionario Institucional consideró que es lamentable la denuncia que hicieron pobladores contra el presidente municipal de Zapotitlán de Méndez, además de que el área jurídica del partido se comunicó con el edil y justificó que cuando ocurrieron los disparos contra la escuela, él no se encontraba en su domicilio, sin embargo, dijo será la Fiscalía la que deslinde responsabilidades.
“El PRI no es abogado de nadie, ya sostuvo el área jurídica comunicación con el alcalde, él manifestó que ya hizo de su conocimiento ante la Fiscalía y las personas que investigan el caso, que él no tuvo nada que ver, ya que no se encontraba en su domicilio en ese momento, él podrá argumentar este caso y los pobladores argumentarán su versión y al final la Fiscalía se encargará de deslindar responsabilidades”, puntualizó.
Camarillo Medina, consideró que es responsabilidad de cada actor político cuidar su imagen frente a los ciudadanos, además deberán conducirse con honradez y respeto a los ciudadanos, ya que deben ser ejemplo, así como garantizar la gobernabilidad en sus municipios.
De acuerdo a notas publicadas en Municipios Puebla, el Cabildo de Zapotitlán de Méndez suspendió de sus funciones al alcalde Emiliano Vázquez Bonilla, por presuntamente haber disparado contra una primaria mientras se encontraba en estado de ebriedad.
La denuncia fue hecha por los padres de familia de la escuela Juan N Méndez, quienes protestaron la semana pasada y exigieron sanciones contra el edil, además de manifestar la preocupación por el bienestar de sus hijos.
Tras las exigencias de los padres, los regidores y el síndico aprobaron suspender al edil y acordaron enviar la solicitud de destitución al Congreso del Estado.