El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Carrancá Bourguet, afirmó que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la liberación de los ocho policías de Amozoc coludidos con huachicoleros. Afirmó que ante la resolución del juez, el organismo integrará los elementos indispensables y volverá a proceder penalmente contra de ellos debido a que existen cinco elementos estatales por los que podrían ser investigados nuevamente.
En entrevista el titular de la dependencia, rechazó que las faltas por las que la autoridad penal no pudo procesar a los implicados se deben a una deficiente capacitación del personal de las agencias del Ministerio Público (MP), al acusar que la “equivocación” recayó en el juez, debido a que éste hizo una valoración “inadecuada” de las pruebas presentadas en contra de los policías municipales.
“No estamos de acuerdo con la resolución del juez y lo que resolvió es que no les da credibilidad a las declaraciones de los policías aprensores que fueron víctimas de este hecho, porque en las entrevistas ellos refieren con toda precisión lo que ocurrió”, sostuvo.
Carrancá Bourguet, insistió en que la Fiscalía General repondrá el procedimiento pues no está de acuerdo con la decisión que tomó el juez Lucio León Mata.
“Recordemos que el juez en el nuevo sistema no conoce la carpeta de investigación, entonces desde mi punto de vista hizo una valoración de pruebas que no era el momento y por tanto los policías tenían que haber comparecido a juicio y ser interrogados en contradicción y en ese caso si podía desestimar su declaración”, puntualizó.
Rechazó que de ninguna manera la Fiscalía se está “deslindando” de su proceso a pesar de que el robo de combustibles es un delito de orden federal pues afirmó que el organismo apelará por cinco delitos estatales que son: privación de libertad, portación de arma de fuego, usurpación de funciones, robo agravado y lesiones dolosas.
Es importante recordar que el pasado jueves, los ocho elementos fueron liberados bajo reservas de ley al no recibir el auto de vinculación a proceso debido a que el juez Lucio León Mata, detectó una serie de “inconsistencias” en los medios de prueba acusatorios del representante del ministerio público, los cuales hacían poco creíble que los policías detenidos hubieran privado de su libertad a policías estatales a fin de proteger a la red de chupadcutos en el denominado triángulo rojo.