Excélsior
Uruguay se convirtió hoy en el primer país del mundo en legalizar completamente la producción y la venta de mariguana, cuyo consumo ya era legal en la nación sudamericana, al ratificar el Senado un inédito proyecto de ley aprobado previamente en la Cámara de Diputados.
La norma fue aprobada con 16 votos a favor por 13 en contra en una sesión que duró alrededor de doce horas y que estuvo marcada por el acalorado debate entre el oficialismo, que impuso su mayoría simple para dar luz verde al proyecto gubernamental, y la oposición, que rechazó la propuesta en bloque.
El Proyecto de Ley sobre Control y Regulación de la Mariguana y sus Derivados fue planteado originalmente en junio de 2012 por el presidente del país, el ex guerrillero de 78 años José Mujica, como una revolucionaria forma de combatir al narcotráfico.
El plan, canalizado a través del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y distribución de la droga en clubes y farmacias.
Histórico proyecto
Durante la discusión parlamentaria los senadores oficialistas calificaron la jornada de “histórica” y consideraron el proyecto “un gran paso” para mejorar la situación de muchos jóvenes, la mayoría pobres, que padecen el flagelo de las drogas.
La guerra contra las drogas es una guerra perdida”, afirmó la senadora del FA Constanza Moreira, para quien la iniciativa pone a Uruguay “a la vanguardia”.
Por contra, los senadores opositores coincidieron en señalar que la iniciativa es un “experimento” que tendrá “efectos nefastos” para la salud pública y justamente para los jóvenes.
También expresaron su sorpresa porque en Uruguay el gramo de mariguana se pretenda vender a un dólar cuando en los cafés especializados de Amsterdam el precio es superior a los 8 euros.
Las críticas se centraron también en la falta de definición de la ley, considerada muy generalista porque deja que casi todos sus aspectos prácticos para un reglamento posterior que deberá ser redactado en 120 días.
Antes de la votación, Mujica dijo que la nueva ley “no es bonita” y reconoció que los ciudadanos, dos tercios de los cuales la rechazan en las encuestas, no están “totalmente preparados” para ella, pero pidió una “oportunidad” para ver si funciona.