Por Cristopher López
Tras el incumplimiento del gobierno morenovallista por las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan, el titular de la Secretaria General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, negó está versión publicada en diarios nacionales al referir que se han cubierto con 6 de las 8 observaciones que hizo el organismo nacional y sólo faltan por concretarse dos de éstas.
En entrevista tras asistir al informe de actividades del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), Adolfo López Badillo, el funcionario estatal apuntó que los temas pendientes del gobierno estatal, son respecto a la sentencia que está en proceso de dictar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en relación con los policías que resultaron involucrados de manera “imprudencial” en el operativo contra los pobladores el pasado 9 de junio de 2014 en Chalchihuapan y el segundo lugar hace referencia en la indemnización con la familia afectada.
Por lo anterior, afirmó que la compensación ya se le ha ofrecido a Elia Tamayo Montes, madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, en constantes ocasiones; sin embargo, la señora la ha rechazado.
“En el informe que emitió la CDH no se refiere a ninguna recomendación en particular, habla de temas administración y temas de la aplicación de justicia (….) seis de ocho asuntos están pendientes dos por la sentencia que está en proceso de citar el Tribunal Judicial y el segundo lugar hace referencia a la indemnización, de tal suerte que la nota no se apega a la verdad”, sostuvo.
El ex gobernador de Oaxaca, negó que el apoyo económico que hará el ejecutivo poblano se realizará de acuerdo a los protocolos internacionales y tendrá que ser acogido por la familia.
De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay dos recomendaciones dirigidas al gobierno del mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, que aún se encuentran con cumplimiento parcial, por lo que aún no están cerradas.
Una de ellas es la 2VG/2014 que la Comisión emitió por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el desalojo policiaco del 9 de julio de 2014, en San Bernardino Chalchihuapan, hecho en el que perdió la vida el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por una herida provocada por una lata de gas lacrimógeno en el cráneo.
De los 11 puntos que contiene el documento que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), seis fueron cumplidos en su totalidad y cinco de manera parcial, los cuales son: La creación de una fiscalía, la reparación de los daños causados a las víctimas y el ofrecimiento de una disculpa institucional a las mismas.
Además, de la promoción de una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los elementos involucrados y la presentación de denuncias penales.
En marzo pasado, casi dos años después de los hechos del operativo efectuado por el extitular de la Secretaria de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, el gobierno de Puebla ofreció una disculpa a los afectados, entre ellos, Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, pero éstos la rechazaron.