Por Fernando Castillo
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Karen Berlanga Valdés, advirtió que se llegarán hasta las últimas consecuencias sobre la “malversación” de recursos que ejercieron los ex mandatarios José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
La funcionaria estatal explicó que la dependencia que encabeza ya está llevando a cabo las auditorías correspondientes en contra con los funcionarios de primer nivel que estuvieron encargados con la reconstrucción ya que “nada debe estar por encima de la ley”.
En entrevista previa a la presentación del convite Huey Atlixcáyotl en casa Aguayo, indicó que Puebla merece conocer la verdad sobre los actos de corrupción en los que incurrieron ex funcionarios públicos de los periodos gubernamentales de 2011 a 2019.
“Los principios de la cuarta transformación están relacionados con la legalidad, la honestidad y saber la verdad. Creo que es tiempo de que en Puebla conozca la verdad, muchas veces la verdad duele y muchas veces esperábamos que esa verdad no fuera, en este sentido se están siguiendo las investigaciones necesarias con todas las investigaciones y en su momento se darán a conocer los resultados”, sostuvo.
Subrayó que las investigaciones podrán alcanzar a cualquier funcionario siempre y cuando hayan estado involucrados en los casos de desvío de recursos y enfatizó que el gobierno del Estado será muy responsable en la aplicación de las auditorías.
Berlanga Valdés, enfatizó que el gobernador Miguel Barbosa fue muy claro que se emprenderían auditorías desde los gobiernos de 2011 a 2019 debido a la deuda pública de 44 mil millones de pesos que heredaron los ex gobernadores en este periodo, los cuales estuvieron a cargo de Rafal Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido.
Por último dijo que las investigaciones que está llevando a cabo la Secretaría de la Función Pública no le restará funciones al Tribunal Superior de Justicia Administrativa e inclusive a la Fiscalía, con el objetivo de imponer sanciones a quienes hayan incurrido en la presunta comisión de delitos.