El gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, propuso al Senado de la República que sean tipificados como delitos graves la desaparición de personas llevada a cabo por particulares y que el ilícito sea castigado con hasta 90 años de cárcel. En los casos de incineración, desintegración o destrucción clandestina de cualquier cadáver, pide hasta ocho años de prisión.
El Jefe del Ejecutivo Mexicano, en la iniciativa en materia de desaparición forzada, que envió el jueves al Senado, solicitó que, además de funcionarios, los particulares puedan ser acusados como responsables de desaparición forzada.
La iniciativa para crear la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas incluye también a quienes oculten o se queden con hijos nacidos de desaparecidos, y les impone penas de hasta 20 años de prisión.
Se considerará como partícipe del delito de desaparición forzada por particulares, para los efectos de la presente ley a la persona que a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cuerpo o restos humanos de la persona desaparecida, cuya muerte se haya producido en la desaparición, se detalla en el documento.
Peña Nieto pide más pena por desaparición
A casi 15 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto propone al Senado castigar hasta con 90 años de cárcel a los integrantes del crimen organizado y a cualquier particular que desparezca personas, amén de clasificar como delito grave la incineración, desintegración o destrucción clandestina de cualquier cadáver.
En su iniciativa para crear la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, el mandatario federal propone colocar al país en la vanguardia de las leyes internacionales contra este delito al incluir a los particulares como responsables de desaparición forzada de personas.
El aumento de la criminalidad en el territorio nacional, desde finales del sexenio de Vicente Fox y que se agudizó en el sexenio de Felipe Calderón, sacó a relucir la forma de operar del crimen organizado para secuestrar migrantes, albañiles, jardineros, y después desaparecerlos al darles muerte, enterrarlos en fosas clandestinas, incinerarlos o quemarlos en ácido.
El caso Iguala, en el que el crimen organizado provocó la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero; la muerte de decenas de migrantes en Tamaulipas, así como la existencia de criminales como el apodado El Pozolero, son algunos ejemplos.
La iniciativa, entregada a la Mesa Directiva del Senado la tarde del jueves, pero que se hará oficial este lunes durante la penúltima sesión ordinaria del Senado, precisa que “de manera especial, esta iniciativa atiende las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y el clamor de todos los mexicanos por reconocer como delito a la desaparición realizada por particulares.
“Dicho delito sancionará a la persona o grupo de personas que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o a proporcionar información sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico”, detalla.
Dispone que “se considerará como partícipe del delito de desaparición forzada por particulares, para los efectos de la presente ley, a la persona que a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en este Capítulo, incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la persona desaparecida, cuya muerte se haya producido durante la desaparición”.
Establece que el castigo será de 40 a 90 años de cárcel y de cuatro mil a ocho mil días multa.
El mandatario explica que en la iniciativa “se tipifica el delito de desaparición forzada como aquél cometido por servidores públicos, un particular o un grupo de particulares que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público –en Iguala participaron el alcalde y la policía–, priven de la libertad a una o más personas.
Propone incluir en el Código Penal Federal que se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos; también pide castigo de hasta 20 años para quien oculte a hijos de desaparecidos.
Fuente: Excélsior