La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que a un año de la represión que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ejecutó contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, quedan pendientes 5 de los 11 puntos que el organismo emitió en la recomendación que elaboró por el caso.
A través de un comunicado de prensa indica que particularmente se han incumplido los puntos relativos “a la determinación definitiva de la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la sanción”.
Es importante recordar que la CNDH pidió que se aplicaran castigos sobre los policías involucrados en la refriega y también sobre el titular de la Secretaria de Seguridad Publica, Facundo Rosas Rosas. Sin embargo los policías estatales que arrojaron los artefactos de gas lacrimógeno fueron puestos en libertad el 24 de diciembre pasado.
Dejando la cárcel en la que se encontraban procesados por el homicidio del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras el funcionario impugnó la sanción que le impuso la Secretaria de la Contraloría Estatal.
“Por ello, esta Comisión Nacional, reitera su llamado a que el gobierno del estado de Puebla cumpla la recomendación 2VG en su totalidad e insiste en que no permitirá que se dé carpetazo, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendatorios”, se establece en el comunicado.
El documento emitido por la CNDH añade que el Sexto Visitador, Jorge Ulises Carmona Tinoco, recibió en las oficinas centrales a Elia Tamayo Montes, madre del infante asesinado, a quien “le hizo saber que para esta Comisión Nacional lo sucedido el 9 de julio es grave y el organismo continuara el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento”.
El funcionario también dio a conocer que la CNDH emitirá medidas cautelares al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas para que se cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que siguen en prisión.
En el comunicado emitido por el organismo, sobre los puntos recomendatorios, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destaca el que se informe sobre las sanciones administrativas y/o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas.
La CNDH considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.
En seguimiento a la Recomendación, este Organismo nacional ha enviado 11 solicitudes de información a diversas instancias y dependencias del Gobierno del Estado de Puebla y ha recibido 28 oficios de respuesta.
También, el día de hoy acudieron a una reunión de trabajo en la CNDH el Procurador General de Justicia, el Titular de la Secretaría de la Contraloría y el Fiscal Especializado para el Esclarecimiento de los Hechos del Caso Chalchihuapan, para dar cuenta de los avances en los puntos recomendatorios aún pendientes. En cuanto a los puntos recomendatorios cumplidos, destaca que se iniciaron los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado que participó en los hechos.
Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, por el cual se otorgan atribuciones a las áreas específicas para que intervengan en la solución pacífica de los conflictos.
Asimismo, el gobierno emitió un Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos; entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad, para que registren su conducta a la hora de realizar operativos, e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La señora Tamayo, quien estuvo acompañada por el señor Alan Jiménez y la señora Araceli Bautista, madre del expresidente auxiliar de Chalchihuapan, expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso.
Es importante recordar que este 9 de julio se cumple un año de la refriega de la policía estatal a cargo de Facundo Rosas Rosas, en contra de los pobladores de Chalchihuapan quienes se manifestaban para exigir el regreso del registro civil su comunidad. Durante el operativo policiaco dos elementos dispararon gas lacrimógeno, lesionando a por lo menos diez personas de gravedad, uno de los artefactos perforó la cabeza del menor de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, pero fue hasta el 19 de julio cuando el menor falleció.