A casi dos años del aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue) y la UPVA 28 de Octubre, exigieron a las autoridades federales el esclarecimiento por el crimen de estado que se cometió en contra de los estudiantes que bloquearon las vías de comunicación el 26 de septiembre de 2014.
En entrevista Ángel Gonzálo, integrante de la organización, apuntó que el grupo de especialistas de Argentina y de otros países incluso organismo internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han concluido en que el cartel de los Guerreros Unidos, y el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, no fueron quienes perpeturaron el crimen ya que de acuerdo a las investigaciones indican que el responsable de la desaparición de los normalistas”responsabilizan” al estado mexicano porque los jóvenes fueron desaparecidos por el Ejército Mexicano y la Policía Municipal y después llevados a un centro de la Sedena y no quemados y tirados en un río en Cocula.
El activista, exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto, a mostrar avances sobre las investigaciones debido a que la Procuraduría General de la República (PGR), hasta el momento no ha dado a conocer una versión “seria” en dónde se diga la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos de aquella “noche triste”.
“De acuerdo a los estudios que han hechos peritos internacionales los normalistas no fueron quemados en Cocula por parte del crimen organizado y de un presidente municipal, aquí la responsabilidad está dirigida hacía el estado mexicano, por qué, porque, participaron elementos del Ejército Mexicano, recordemos que una forma para violar los derechos humanos es la omisión de las facultades de las autoridades mexicanas cuando existe algún problema”, sostuvo.
Explicó que el grupo de peritos de Argentina dejaron claro que el sistema de justicia en México fueron innumerables la serie irregularidades que cometieron por parte de la PGR, por tanto sentenció que no se puede hablar de una “justicia expedita y que se esté aplicando en verdad a todos los ciudadanos.
28 de Octubre pide liberación de presos políticos
Durante el mitín uno de los oradores de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, solicitó al gobierno del estado a reconsiderar el llamado para la liberación de los más de 250 presos políticos quienes se han opuesto a los proyectos gubernamentales.
En este sentido el activista reprobó los hechos acontecidos el pasado fin de semana en dónde se reprimieron a los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, por lo que pidió al Congreso local la derogación de la Ley Bala, al asegurar que de acuerdo a los organismo internacionales en defensa de los derechos humanos indica que en los operativos no se debe utilizar la fuerza pública afín de evitar la violencia y las posibles pérdidas de vidas humanas.