Por Cristopher López
Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) demandaron en el Congreso local modificar el texto constitucional aprobado el pasado 27 de enero, a fin de que el recurso hdríco sea considerado un “derecho humano” y que solo pueda ser suministrado por el estado, con ello se revierta la concesión que se otorgó a empresas privadas para el manejo del mismo.
Durante un mitin frente a las instalaciones de la sede legislativa, la líder de esta asociación, María Eugenia Ochoa, indicó que la redacción del texto con el cual se modificó la constitución del estado de Puebla para que el agua sea considerada como un derecho universal fue ambigua y permite la privatización del servicio.
La activista subrayó que la Asamblea Social del Agua impulsa la Ley Ciudadana en la cual se exige a los diputados que si tienen la intención de que el agua sea un derecho humano, y entonces emitan una convocatoria a nivel estatal, a organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a personas que tengan que ver con la temática, para redactar un nuevo documento.
“Les exigimos a los diputados a que llamen a una convocatoria en el estado a todas las fueras sociales, ciudadanía y universidades a convocar para la elaboración de una ley ciudadana. Nosotros tenemos una propuesta porque estamos participando en la red nacional Agua para Todos, Agua para la Vida”, sostuvo.
En este contexto manifestó que la asamblea tiene una propuesta una vez que a nivel nacional se encuentran dentro de la Red Agua para la Vida, y desde 2012 se viene elaborando una propuesta con la participación de universidades como la UNAM, UAM, la de Guadalajara, además de académicos poblanos.
En la propuesta se presenta un plan integral de gestión del agua, que permite la participación de las organizaciones del interior del estado y de todo el estado.
Explicó que el vital liquido debe dejar de ser una mercancía, además de que antes de que se le dé el servicio a una empresa las autoridades deben evaluar a profundidad con estudios si la empresa contamina, y en caso de que lo sea que no se le brinde la autorización.
“En la propuesta qu hemos hecho se exige que las empresas garanticen que no van a contaminar el afluente como el Atoyac a través de sus descargas. El agua es de todos y es un derecho humano por lo que todos debemos cuidarla”, sentenció.
Recordó que se siguen perdiendo ríos como el Atoyac, del que ha habido promesas por parte de los gobiernos estatales desde hace sesenta años de que sería saneado, pero hasta el momento los responsables de la Conagua, Profepa y las dependencias encargadas de la protección al medio ambiente en la entidad no han hecho absolutamente nada.