Por Josefina Zarate López/ Ensalada Política
Aun cuando es incierto el retorno a clases presenciales el 30 de agosto, directivos de escuelas públicas ya fijaron cuotas de inscripción que van de los $500 a $1,200 pesos por alumno. Sin contar los gastos extras que representarán a los padres de familia los cubrebocas, gel y otros productos anti pandemia, que obligatoriamente el alumnado tiene que portar. Más uniformes, zapatos y listas de útiles.
Como ha sido costumbre, el Gobierno del Estado pide a SEP investigar las denuncias que nunca son atendidas, pues son las Asociaciones de Padres de Familia, que en contubernio con la dirección del plantel, fijan las cuotas a conveniencia, y no hay autoridad que las impida.
Y es conocido que en la mayor parte de los planteles, el importe de las cuotas se reparte entre directivos y Sociedades de Padres. Por ello en los Centros Escolares y otros planteles, surgen problemas que nunca llegan a resolverse de manera satisfactoria.
Por lo menos una noticia buena se les anuncia a los padres de familia, que ya ya no tendrán que firmar la carta compromiso para que sus hijos retornen a la escuela, tal como lo aclaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Los papás llevan a cuesta toda la responsabilidad de enviar a sus hijos a clases presenciales, además de los gastos de inscripción, cuotas, uniformes, transporte público y gastos médicos en caso de contagio.
La mayor responsabilidad se les deja a los jefes de hogar.
Por lo menos en las cuotas, si se tiene la opción de la denuncia ante la Secretaría de Educación Pública, los padres que resulten afectados tendrán que acusar tanto a directivos de los planteles, como al comité de Padres de Familia.
Ya es tiempo de que se aplique una sanción ejemplar, a quiénes abusen con las cuotas escolares pues siempre se salen con la suya.
ALARGAN CASO UDLAP
Casi ya son dos meses del litigio que enfrenta la Fundación Mary Street Jenkins con la autoridad Judicial Estatal, comenzó el 29 de junio y en los últimos acontecimiento, libran por una parte, orden de aprehensión por fraude al doctor Luis Ernesto Derbez y otros funcionarios administrativos de UDLAP.
Aunque por la otra parte, la Fundación culpa al gobernador Miguel Barbosa de estar involucrado.
El asunto se complica ahora que un juez de control del estado, ordena detener a Derbez, y hace una semana otro juez federal acusó a los representantes legales del nuevo patronato, de lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta, ya que habrían diseñado una estructura de empresas para desviar fondos de la Fundación Jenkins a Panamá.
Concretamente al rector reconocido por la Fundación Jenkins, se le acusa junto con sus colaboradores de haber generado una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School. para desviar al menos 100 millones de pesos puesto que son socios de las misma.
La Universidad de las Américas, enfrenta un litigio que ha provocado que el control administrativo de la institución lo tenga la Fundación Jenkins y el rector Derbez, mientras que el físico, está a cargo de un patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
Como se sabe, cuando se trata de recursos económicos como los más de 700 millones de dólares que están en juego en la UDLAP, difícilmente pueden encontrarse arreglos, aunque en este caso, es necesario buscar soluciones que eviten la pérdida de estudios de cientos de jóvenes que anhelan su formación académica.
DIOS MEDIANTE LA SEMANA PRÓXIMA… jzlvoz@hotmail.com
Foto: Gaceta Tamaulipas
