Fernando Castillo Foto: Es Imagen
Sin hacer una disculpa pública por parte del gobernador Rafael Moreno Valle hacia Elia Tamayo Montes madre del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo ni a los lesionados durante la refriega de policías estatales hacia pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, es como la administración estatal cumple con la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones graves a los Derechos Humanos en contra de quienes se manifestaron.
En un comunicado de prensa la administración Morenovallista informó la detención de 11 personas entre ellas seis policías y cinco civiles; de un total de 11 órdenes de aprehensión que solicitó en contra de presuntos responsables por el enfrentamiento del pasado 9 de julio entre granaderos y habitantes de Chalchihuapan.
El boletín de prensa asegura que ayer realizó un evento en donde se informó de qué forma se realiza el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CNDH el 11 de septiembre por violaciones a los Derechos Humanos y en donde se determinó el que un policía estatal disparó e hirió con un proyectil al menor Tehuatlie Tamayo quien días después murió.
También explica que el acto no fue público a los medios de comunicación y detalla que José Montiel, Consejero Jurídico del Gobierno de Puebla, ofreció una disculpa pública a los lesionados durante el operativo dirigido por Facundo Rosas Rosas para liberar las vías de comunicación.
Recordó que se creó la Fiscalía especial de investigación para el caso Chalchihuapan y nombró como su titular a José Antonio Pérez Bravo.
Capacitación en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.
La Secretaría de la Contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría Estatal solo determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas con una amonestación y una multa a pesar de enfrentar un proceso administrativo y de que opositores pidieran su cabeza por reprimir a los manifestantes.
Por otra parte, esta misma dependencia, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos.
Asimismo, se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.
Es importante mencionar que policías ministeriales llegaron a intimidar a las familias de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan perteneciente a San Clara Ocoyucan.
Las familias aseguran que llegaron rompiendo puertas y ventanas para detener a los presuntos responsables de las investigaciones por lo que se llevaron a cinco personas del sexo masculino.