Por Fernando Castillo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), demandó justicia para las familias de las siete personas que fueron víctimas de linchamiento en los municipios de Cohuepan y Tepexco, Puebla tras haber sido señaladas de secuestro, además exigió castigo para los responsables de las muertes.
El organismo nacional de igual forma solicitó investigar y deslindar responsabilidades en contra de las autoridades encargadas de la seguridad debido a que no aplicaron los protocolos para evitar las ejecuciones, además reiteró que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos del Estado de Derecho, porque “la justicia por propia mano no es justicia”.
El Organismo Nacional rechazó tales actos, demanda justicia para las familias de las víctimas, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables de las ejecuciones, para que sean castigados de acuerdo con la ley y “no se permita la impunidad”.
Además, exige se deslinden las responsabilidades en que pudieran haber incurrido las diferentes autoridades que presenciaron estos hechos y no consiguieron evitar que se privara de la vida a las personas.
Al respecto el secretario de Gobernación en Puebla Fernando Manzanilla Prieto, reconoció que las autoridades fueron rebasados por los pobladores enardecidos y por ello no pudieron aplicar los protocolos para resguardar a los presuntos secuestradores los cuales, fueron colgados y calcinados, además de que no había ninguna persona detenida y no se había iniciado ninguna investigación al respecto.
Para la CNDH el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en entidades como Puebla, muestra la fragilidad del “Estado de Derecho”, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas.
De acuerdo con el Informe Especial sobre la Problemática de los Linchamientos en el Territorio Nacional elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los linchamientos en nuestro país muestran desde 2015 un incremento; en 2016 el aumento respecto a 2015 fue del 37%, al pasar de 43 a 59 casos, mientras que 2018 presentó un claro repunte, con aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos.
Linchamientos incrementaron 146 % en 2018
En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidas y lesionadas, el incremento de 2015 a 2016 fue del 5%, al pasar de 88 en 2015 a 92 en 2016, en 2018 el incremento fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.
En lo que va de 2019 se han registrado 135 casos de linchamiento, con 216 víctimas: 43 fallecidos y 173 lesionados. De 2015 a 2019, se han presentado un total de 467 casos que han tenido como resultado 766 víctimas de linchamiento, 157 personas fallecidas y 609 lesionadas, al 7 de agosto del presente año.
Así, se pone de manifiesto la existencia de sociedades que no sólo muestran su falta de respeto a la ley, sino que recurren a vías injustas para aplicar la justicia, porque nada justifica esas conductas en nombre de la justicia, ni aun en aquellos casos en que se puedan gobernar por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas.
