Por Fernando Castillo
“Que los desafueren, que ya no se tarden mucho”, así se pronunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta por el proceso que llevará a cabo este miércoles la Cámara de Diputados federal para emitir la declaratoria de procedencia de acción penal contra los legisladores federales Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo, por la presunta violación contra un menor de edad en el primer caso y el segundo por enriquecimiento ilícito de 53.3 millones de pesos.
Lo anterior luego de que este miércoles 11 de agosto, la Cámara de Diputados federal definirá el futuro de los legisladores federales por el distrito 11 de Puebla capital Saúl Huerta y por Texmelucan Mauricio Toledo Gutiérrez, luego de que el primero es acusado abuso sexual infantil y el segundo por enriquecimiento ilícito en su paso como delegado de Coyoacán.
“Que los desafueren, esa es mi opinión, que ya no se tarden mucho”, respondió en su conferencia, luego de que la Comisión Permanente convocó a una sesión extraordinaria para declarar la procedencia de la acción penal contra Huerta y Toledo.
Es importante mencionar que a Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, solicitó hace unas semanas a la Cámara de Diputados federal la declaración para proceder penalmente en contra de Saúl Huerta, por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada contra un menor de edad.
Las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía se encuentran radicadas con los números CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01118/04-20 y CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01090/04-20. En dicho documento se relatan los hechos del 21 de abril cuando el diputado federal fue detenido por elementos de la Fiscalía en un hotel de la zona Rosa, en donde habría abusado sexualmente de un menor de edad, con el pretexto de que lo incursionaría en la política y lo ayudaría económicamente.
Ayer martes, una juez federal desechó el juicio de amparo que promovió el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo Gutiérrez, contra el proceso de desafuero que inició en su contra la Cámara de Diputados.
En contra del legislador del PT hay abierta una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito cuando se desempeñó como jefe delegacional en Coyoacán.
Al exdelegado de Coyoacán se le acusa de poseer 55.3 millones de pesos en inmuebles y cuentas bancarias, que presuntamente no corresponde con sus ingresos como servidor público.
Foto: El Sol de Puebla.
