Por Fernando Castillo López
La empresa TV Azteca Puebla enfrenta un proceso administrativo por el incumplimiento de diversas obligaciones laborales y fiscales, entre ellas 40 multas derivadas de denuncias por sus colaboradores, reveló el coordinador de Gabinete José Luis García Parra, quien descartó que el Gobierno del Estado haya impulsado una persecución contra el medio de comunicación.
En conferencia de prensa desde el CIS Vía Atlixcáyotl, el funcionario estatal advirtió que el Gobierno del Estado no firmará ningún convenio de publicidad, ni de otro tipo con el empresario Ricardo Salinas Pliego, debido a que acusó que TV Azteca le solicitó 2 mil 300 millones de pesos en diferentes contratos, de los cuales tan sólo 220 millones de pesos eran para Ciudad de las Ideas.
“El señor Salinas acusa al Gobierno del Estado, pero al revés este Gobierno se negó a un acto de extorsión, el 10 de septiembre de 2025 que estuve en su oficina me entregaron este documento de todos los proyectos que el señor querían para sus empresas en Puebla. Ellos querían 2 mil 300 millones de pesos en contratos, que no le dimos, ni le vamos a dar porque ese dinero, se va quedar aquí en Puebla para el beneficio de los poblanos”, puntualizó.
José Luis García Parra, enfatizó que tras las sanciones administrativas impuestas por el SAT, la empresa se opuso inicialmente a las revisiones y omitió justificar documentos fundamentales como recibos de finiquitos, comprobantes de aguinaldos, así como vacaciones y la entrega de una garantía, por lo que el 28 de mayo se presentó personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) para notificar a la televisora.
“La empresa no exhibió documentación básica, como reglamento interior de trabajo, recibos de finiquitos, constancia de otorgamientos de vacaciones, días de descanso, prima dominical, pago de aguinaldos, entre otros. Son 40 multas en esta materia”.
Por lo anterior, refirió que el Gobierno del Estado no ha emprendido ninguna campaña de persecución contra la empresa TV Azteca, además de que respeta la “libertad de expresión”, sin embargo, la empresa deberá justificar los adeudos y responder conforme a la ley a sus colaboradores.
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