Por Cristopher López
El presidente municipal de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, aseguró que su expediente está “limpio” y no teme por las investigaciones que emprendió en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con los huachicoleros que operan en el denominado “triángulo rojo”.
Lo anterior tras la detención que hicieron de manera conjunta la PGR, el CISEN y la Marina contra el edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde y el proceso penal que enfrenta el edil de Atzizintla emanado del PRD Isaías Vélazquez Reyes, dejó en claro que no tiene ningún vínculo con lo huachicoleros que operan en el triángulo rojo.
“Lo que te puedo decir de manera personal, gracias a Dios desde que inicie mi trabajo como funcionario público desde hace 10 años me he conducido correctamente, he sido muy honesto y he actuado de manera transparente. No valdría la pena involucrarse con este tipo de delincuentes. Los ediles han sido señalados pos sus presuntos vínculos pero en mi caso descartó esta situación pues siempre he actuado de manera honesta”, sostuvo.
Néstor Camarillo, indicó que esta a favor de que los alcaldes donde son constantes las tomas clandestinas a los ductos de Pemex, sean sometidos a exámenes de Control y Confianza a fin de descartar posibles vínculos con el crimen organizado que opera en la zona; sin embargo, dijo que sería inconstitucional ya que los alcaldes fueron elegidos por el pueblo y no son funcionarios públicos.
En entrevista para Controversia Puebla, abundó que en una reunión que sostuvo recientemente con el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, les explicó que al menos 35 ediles de la entidad están siendo investigados por sus posibles nexos con el crimen organizado.
“En una reunión que tuvimos con el secretario General de Gobierno, nos dijo que al menos 35 alcaldes están siendo investigados. Desde mi perspectiva estas acciones son positivas para acabar con estos actos ilícitos”, puntualizó.
Por último negó que de los 55 elementos que incorporan la Secretaría de Seguridad Pública en su municipio tengan vínculos con el crimen organizado, al referir que todos han aprobado sus exámenes de control y confianza.