Por Fernando Castillo
En Puebla se acabó la impunidad, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, sobre las obras que está ejecutando un pariente del ex edil de Tepeyahualco de Hidalgo en la Laguna de Alchichica, por lo que aseguró que el Gobierno del Estado presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra dos personas que fueron detenidas en flagrancia y posteriormente fueron liberadas, además contra el encargado de la delegación de la Profepa por haber dictaminado que no hubo delito ambiental.
El jefe del Ejecutivo estatal expresó que desde Puebla no se van a quedar callados ante la negligencia del delegado de la Profepa, por haber dictaminado que no se cometió el delito de impacto ambiental, luego de que privados destruyeron estromatolitos más antiguos del planeta con este tipo de obras, por ello, es que desde el Gobierno del Estado ya presentaron una queja ante la dependencia federal contra este servidor público.
“En Puebla no nos quedamos callados y que sienta un servidor público que puede llegar aquí a hacer sus cosas, vamos hacer que este tipo de acciones sean analizadas en la Fiscalía General del Estado sobre el comportamiento de posibles acciones que llevaron a cabo estas personas que cometieron daño y si resulta otro funcionario involucrado, no nos importa, pero en Puebla se acabó la impunidad”, apuntó.
Amagó que desde el Gobierno del Estado no van a permitir que privados construyan más obras que dañen la riqueza natural de la laguna de Alchichuca, por lo que desde Puebla aplicarán la ley.
“No vamos a permitir que se construyan más obras que dañen la riqueza natural de la laguna de Alchichica, es un asunto de aplicación de la ley, nosotros estamos sorprendidos que un encargado de la delegación de la Profepa haya dictaminado que no hubo delito de impacto ambiental y que las personas detenidas, que fueron sorprendidas en flagrancia hayan obtenido su libertad ante el ministerio público federal, ya levantamos la queja ante la dependencia federal, en contra el encargado de despacho”.
Por lo anterior, es que dijo que el papel de los funcionarios públicos es que sirven para quienes votaron por ellos y si un representante social comete un acto ilícito deberá ser sancionado con todo el peso de la ley.
